Breve historia de la ‘guerra de Calderón’

Posted on 11 agosto, 2011

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Ya que estamos en el recuento final de la presidencia de Calderón, este es el recuento de la “Guerra de Calderón”. Publicado en Tabasco Hoy el 9 de agosto del 2011:

El gobierno de Felipe Calderón se acerca a su recta final. Aquí ofrecemos un relato de sus acciones contra el crimen organizado.

POR LA PUERTA TRASERA
La presidencia de Felipe Calderón nació políticamente golpeada. Después de una elección muy cerrada el 2 de julio de 2006, como nunca en la historia de México –con una diferencia de sólo 233,831 votos, el 0.56% del total– el candidato del PAN le ganaba la elección al candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador.

Desde el momento de la elección hasta la toma de juramento del nuevo presidente, fijada por la constitución el 1 de diciembre, había cinco largos meses, que fueron llenados con las protestas y acusaciones de fraude del candidato perdedor.

En septiembre de 2006, el Tribunal superior electoral, reconoció la existencia de irregularidades en los comicios, pero Calderón fue declarado unanimemente presidente electo. La corte electoral concluyó que las irregularidades eran menores y que no eran suficientes para invalidar la elección. La decisión era obligatoria de cumplir e inapelable.

Conforme se acercaba el 1 de diciembre, día fijado para el juramento del presidente, la clase política mexicana dio uno de los espectáculos más lamentables en la corta historia de la democracia mexicana.

El 28 de noviembre, en un último intento por impedir que Felipe Calderón tomara protesta, los diputados del PRD se posicionaron en el estrado del salón de plenos del Congreso de la Unión. Decididos, dijeron, a no permitir que Felipe Calderón tomara juramento.

Al ver eso, los diputados del PAN hicieron lo suyo al intentar desalojar del estrado a los perredistas. La situación quedó equilibrada con la mitad del estrado tomada por el PRD, y la otra mitad ganada por el PAN.

La Constitución establece que si el presidente electo no toma juramento el 1 de diciembre, ante el pleno del Congreso, la presidencia es declarada vacante y el Congreso debe nombrar un presidente interno y llamar a nuevas elecciones.

El 1 de diciembre amaneció con la tribuna tomada por diputados opositores por un lado y por el otro apoyadores del presidente electo.

Las policías federales y de la Ciudad de México habían colocado barricadas en los alrededores del Palacio Legislativo de San Lázaro para evitar disturbios y/o manifestaciones. Mientras en el interior, perredistas y panistas seguían con sus barricadas humanas, repartiéndose la máxima tribuna de la nación.

A las 9:50 de la mañana de aquel 1 de diciembre de 2006, en medio del estrado tomado, ante las cámaras de TV transmitiendo en cadena, ante México entero observando el teatro de la nación, en medio de un griterío ensordecedor, de los actores y del público, apareció finalmente el actor principal: Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

Entrando por una puerta trasera del Congreso, el presidente saliente y su sucesor, auxiliados y protegidos por diputados del PAN, ayudantes y Estado Mayor, subieron al estrado, llegaron hasta la tribuna y ahí se plantaron, mientras los opositores seguían ocupando al menos la mitad del estrado. Vicente Fox debía colocar la banda presidencial a su sucesor, pero éste no esperó, sino que se la arrebató de las manos y se la puso él mismo en el pecho. En seguida, ante el micrófono y a pesar de gritos y silbidos ensordecedores, juró ante el mismísimo Congreso de la Unión, como la Constitución manda. Felipe Calderón era presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Después del juramento, sonó una grabación a todo volumen del Himno nacional, tras lo cual, el nuevo presidente y su comitiva abandonaron el Congreso, cinco minutos después de haber ingresado. El nuevo presidente se encaminó al Auditorio Nacional para dirigir su discurso de inicio de gobierno, ante un público de simpatizantes.

EN UNIFORME MILITAR
Tenía sus riesgos comenzar así una presidencia, más aun, tenía sus peligros. Estaba claro que Andrés Manuel López Obrador continuaría su ofensiva política opositora radical. Ya había anunciado que formaría un “gabinete de sombra”, sus seguidores lo habían nombrado desde noviembre de 2006 “presidente legítimo” en el Zócalo, y desde el principio del nuevo gobierno llamaban a Calderón “presidente espurio”.

Pero el “espurio” estaba en el poder real, lo que usualmente da mucho margen de maniobra para establecer la agenda de la opinión pública. Los apoyadores del presidente Calderón esperaban que pronto tomaría acciones que fijarían la agenda más allá de las acusaciones de “fraude” y de “ilegitimidad.

En aquel diciembre de 2006, además de enfrentar un conflicto con profesores del estado de Oaxaca, apoyados por miembros de organizaciones populares agrupadas en la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca), apenas 11 días después de iniciado su gobierno, el presidente Calderón envío 6 mil 500 militares a su estado natal, Michoacán, ante la petición del gobierno local, para enfrentarlos contra el cártel de La Familia. Esta acción, el 11 de diciembre de 2006, recibió el nombre de Operación Conjunta Michoacán  y los 6,500 militares servían de apoyo a la Policía Federal Preventiva, y a la Agencia Federal de Investigaciones.

Ahí mismo se anunciaba que miembros de la Policía Militar empezarían a ser transferidos a la Policía federal. No era algo nuevo que el ejército mexicano participara en operativos anti narco, pues los soldados llevan participando en estos desde los años cuarenta, sin embargo, desde aquel entonces sus armas solían ser simples segadoras de mano para ayudar a erradicar a mano cultivos de marihuana y amapola. En cambio, la acción comenzada el 11 de diciembre de 2006, era diferente. Después de mucho tiempo, era la primera acción que involucraba a miles de efectivos de las fuerzas armadas contra presuntos criminales.
La Operación Conjunta Michoacán llamó la atención de inmediato y analistas políticos apuntaron desde el inicio que constituía un buen golpe de efecto para contrarrestar los recuerdos del accidentado inicio político del gobierno.

Desde entonces, escépticos y opositores mostraban inquietud acerca de si era una estrategia correcta lanzar una fuerza policiaco-militar de tal magnitud contra bandas de delincuentes que operaban imbricadas en la misma sociedad, que de hecho formaban parte de la sociedad mexicana. Calderón y su gobierno, desde esos primeros días, aseguraban que el Operativo era “un éxito”.

Ese diciembre de 2006, los mexicanos festejaron las Navidades, mientras la Operación Conjunta Michoacán continuaba.

Llegó el nuevo año, 2007. El 1 de enero, el secretario de Gobernación, francisco Ramírez Acuña asistió en representación del presidente a la toma de posesión del nuevo gobernador de Tabasco, Andrés Granier. Allí, en Villahermosa, los reporteros amontonaban sus micrófonos frente al funcionario federal y le preguntaban si no existía el riesgo de que la incursión de gran magnitud de las fuerzas policiaco-militares, desatara una lucha interna entre los diferentes cárteles

El secretario dio una respuesta que parecía tranquilizadora, o intentaba serlo: “Déjenlo a los que saben de seguridad pública, de estrategias policiacas. Ustedes (los periodistas) saben de periodismo, yo sé de política interior, vamos dejando que los cuerpos policiacos determinen la estrategia a seguir”.

Apenas un día después, el 2 de enero de 2007, se anunciaba que una operación policiaco- militar similar a la de Michoacán sería enviada al norte de Baja California, a Tijuana, donde opera el cártel de los hermanos Arellano Félix: era la Operación Conjunta Baja California.

Día siguiente, 3 de enero de 2007. Felipe Calderón encabezó una ceremonia en el campo militar de Apatzingán, Michoacán, donde pasó revista a las tropas y le rindió homenaje al Ejército. Allí se dejó ver ataviado con casaca y gorra militar. Muchas personas han recordado desde entonces esa escena, que fue transmitida por la televisión y reproducida en fotografías por todos los diarios. Usualmente, otros presidentes mexicanos habían asistido a ese tipo de ceremonias vestidos de civiles, pero entonces, el presidente decidía portar los símbolos militares, en su papel de comandante supremo de las fuerzas armadas. Una parte de la opinión pública veía con aprobación –otros con excepticismo o rechazo– el acento que esto presagiaba para el tema de la seguridad pública, y del papel que se auguraba para el ejército, una de las instituciones que en México son calificadas de más confiables, al menos según las encuestas de opinión.

Un día después de que el presidente se dejara ver en casaca militar, el 4 de enero, se anunciaba que la lucha se extendía al estado de Sinaloa. Con el pasar de las semanas se publicaba en cascada, habría un Operativo Chihuahua, otro Operativo Culiacán-Navolato, en Sinaloa, un Operativo Sierra Madre, en Sinaloa y Durango; otro Operativo Nuevo León-Tamaulipas, un Operativo Guerrero y así sucesivamente.

Políticamente hablando, el golpe de efecto había sido dado. Gran parte de los medios y de la opinión pública volteaban a ver las acciones ordenadas por el presidente. ¿No era la seguridad uno de los mayores anhelos de la gente? Las operaciones contra el narco tuvieron el efecto inmediato de contrarrestar la atención hacía el discurso de la ilegitimidad y fraude que aún seguirían enarbolando la oposición del PRD y López Obrador.

El efecto de las espectaculares despliegues policiaco-militares había sido contundente desde el punto de vista político. Los asesores del presidente seguramente se felicitaron a sí mismos satisfechos. Entonces, desde el punto de vista práctico, sólo quedaba el siguiente objetivo en esa lucha o “guerra” contra los criminales: ganarles.

 EL SOCIO
La tarea de ganarles a las bandas criminales en una lucha policiaco-militar frontal no iba a ser fácil para un país con policías mal pagados, así que no más de un mes después de haberse lanzado aquel Operativo Conjunto Michoacán, el gobierno de Felipe Calderón anunciaba que México tenía un importante socio en la lucha contra el narco.

Este no era un socio nuevo para México, pero sí era uno con el que para los gobiernos mexicanos siempre había sido difícil cooperar en el tema del crimen organizado y el narcotráfico. Incluso con presidentes tan propensos a acercarse a este poderoso e importante socio, la cooperación en este rubro había sido todo menos tersa. Ni Carlos Salinas ni Ernesto Zedillo lograron un buen trabajo conjunto en el tema del crimen organizado y el narcotráfico con este vecino. Cuando Vicente Fox llegó a la presidencia, la colaboración se profundizó como nunca antes, pero siempre dejó mucho que desear para el gobierno de ese país socio.

La verdad es que Estados Unidos es algo más que sólo un país socio que ofrece “cooperación” en el tema del narcotráfico. Washington ha liderado históricamente la lucha contra el  negocio internacional del narcotráfico en el continente americano. Y esta gran potencia mundial suele tratar a sus países “socios” como subordinados, en los que invierte grandes cantidades de dinero, esfuerzo diplomático, incluso tácticas moralmente cuestionables, para convencerlos, inducirlos o forzarlos  a destruir por la fuerza la producción de drogas o a detener su tránsito, si es necesario con el uso de sus ejércitos.

En cambio, Estados Unidos, dentro de su propio territorio se ha limitado a implementar tácticas policiacas contra sus ciudadanos que transgreden las leyes contra las drogas.
No es por ello de extrañarse que Washington viera desde el inicio con muy buenos ojos la decisión, aparentemente voluntaria, del presidente Felipe Calderón de utilizar la fuerza militar contra las bandas organizadas. El gobierno de Estados Unidos, en ese entonces de George W. Bush, ofreció de inmediato su ayuda y cooperación.

Desde muy temprano en el sexenio, en enero de 2007, los gobiernos mexicanos y estadounidense anunciaban que Washington ofrecía a México algunos aviones, algunos expertos, algunos aparatos de alta tecnología para detectar drogas. Nada espectacular aún. Sin embargo, pronto llegó el primer anuncio que indicaba que la cooperación México-Estados Unidos sería en este gobierno más sólida que de costumbre. El 20 de enero de 2007, a las promesas de ayuda por parte de Estados Unidos, México, respondió con un hecho importante: el envío a Estados Unidos de un “pez gordo” del negocio del tráfico de droga.

VERDADERAS CÁRCELES DE ALTA SEGURIDAD

Estados Unidos quería tener en una de sus cárceles a uno de los capos de la droga supuestamente más importantes que operaban en México. Se trataba de Osiel Cárdenas, presunto jefe del Cártel del Golfo.
Este hombre de entonces 39 años había sido capturado y puesto en la cárcel de “alta seguridad” de la Palma, Estado de México, en 2003 por el gobierno de Vicente Fox.

Sin embargo, se sospechaba que Osiel Cárdenas seguía dirigiendo a su organización desde esa cárcel de “alta seguridad”. Por eso, Estados Unidos quería que se lo enviaran para ponerlo en una prisión de alta seguridad verdadera. Desde 2005 el gobierno de Vicente Fox prometió que lo extraditaría, pero jueces mexicanos aún tenían pendiente el dar curso a diversos trámites judiciales y amparos interpuestos por el capo contra la extradición.

Con Calderón el proceso se aceleró y aquellos últimos días de enero de 2007, Osiel, junto con otros 9 narcos, eran entregados a agentes federales de Estados Unidos. A partir de entonces México ha extraditado  a más de cien personas acusadas de traficar drogas al país del norte. De ese número de acusados, los “peces gordos” que han sido enviados son el mismo Osiel Cárdenas, Miguel Caro Quintero, extraditado en febrero de 2009, y Benjamín Arellano Félix, enviado a cárceles estadounidenses en abril de 2011. En la actualidad, hay varios supuestos jefes de cárteles que enfrentan procesos de extradición a Estados Unidos, el más celebre de los cuales es Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, capturado en agosto de 2010.

Las extradiciones a Estados Unidos de capos importantes capturados en países productores y de tránsito, ha sido una demanda fundamental de la política estadounidense contra el tráfico internacional de drogas. México y Estados Unidos han firmado tratados de extradición  que posibilitan dichos procedimientos, sin embargo, cierto sector de la opinión pública en México ha cuestionado que los presuntos capos no cumplan primero sus sentencias por delitos cometidos en territorio mexicano. La lógica que se suele invocar detrás de las extradiciones a Estados Unidos es que los jefes del narco han logrado seguir operando sus organizaciones desde las cárceles de México y otros países de Latinoamérica, y que por el contrario, en Estados Unidos, sus prisiones de alta seguridad hacen tanto honor a su nombre, que los prisioneros son condenados a un verdadero aislamiento del bajo mundo del que eran amos y señores.

Los narcotraficantes temen en verdad la posibilidad de ser extraditados. Históricamente, en Colombia, la violencia más encarnizada de los cárteles de la droga se desató cuando el gobierno de Bogotá anunció que iniciaría procesos de extradición contra los capos de los cárteles de Cali y Medellín. Especialmente este último, anunció que realizaría una “guerra a muerte” contra el gobierno y así lo hizo, con olas de secuestros, masacres de personas y atentados a principios de los años 90.

En México, la violencia que se ha agudizado a partir de 2007 no ha sido explicada como una reacción de las mafias a las amenazas de extradición que penden sobre los capos, o bien estos no han sido explícitos sobre ello, o bien la posibilidad no ha sido suficientemente explorada como hipótesis para explicar el incremento de los hechos violentos de las bandas.

UN YANQUI EN MÉRIDA

En marzo de 2007, el presidente estadounidense George W. Bush realizaba una visita a México para reunirse con Felipe Calderón. El encuentro tuvo lugar en la ciudad de Mérida, Yucatán. Entre los varios temas que son relevantes para la relación entre los dos países, hubo uno que dominó el temario : el de la seguridad de la región, incluida la lucha contra el crimen organizado.

En la reunión privada, según se sabe hoy, los presidente acordaron firmar un esquema de colaboración en el tema de la seguridad y el tráfico de drogas, que contemplaría la ayuda económica estadounidense a gran escala, como nunca antes había ocurrido.

Pasados algunos meses, en octubre de 2007, ambos gobiernos anunciaban el esquema de cooperación, que se conoce desde entonces como Iniciativa Mérida (IM), llamada así por la ciudad donde había nacido como idea.

El esquema de ayuda estadounidense para combatir el narcotráfico incluía también a los países Centroamericanos, aunque la ayuda a México era el componente principal. El plan original contemplaba que Estados Unidos provería a México ayuda por 1,400 millones de dólares en un periodo de 3 años. Se trataba de una cantidad muy respetable. Como punto de comparación, el Plan Colombia proveyó ayuda estadoundiense por 7,440 millones de dólares en un periodo de 10 años. Así que 1,400 millones de dólares durante tres años no estaban nada mal como ayuda, sobre todo considerando que la situación mexicana no era tan grave como la colombiana, al menos no en 2007…

Desde entonces, analistas, la prensa estadounidense y mexicana y los propios gobiernos han saludado la Iniciativa Mérida como un esquema “histórico”, “sin precedentes”, que “marca un hito  en la cooperación bilateral en el tema de seguridad” y otros términos rimbombantes. Sin embargo, en los hechos, la ayuda ha fluido de forma mucho más lenta de lo previsto.

AYUDA A CUENTAGOTAS

La ayuda contemplada en la Iniciativa Mérida no incluye la presencia militar estadounidense en territorio mexicano –esto a diferencia del Plan Colombia, que sí tuvo un componente militar importante–. Según la IM el dinero debía ir hacia tareas de capacitación a las policías mexicanas, para la compra de equipos de detección de drogas de alta tecnología y a la ayuda para reformar y mejorar el sistema judicial mexicano, entre otras acciones.

Ahora bien, el dinero de la Iniciativa Mérida no es entregado al gobierno mexicano directamente, sino que es pagado a contratistas del Pentágono y de otras agencias de Washington para que éstos provean a México con equipo y programas de capacitación.

El 27 de junio de 2008, por fin, el Congreso de Estados Unidos aprobaba la entrega de los recursos para la Iniciativa Mérida. Pero el flujo de estos  hacia las tareas para las que fueron asignados ha sido mucho más lento de lo prometido.

En junio de 2011 se cumplieron los tres años en que se tenía previsto entregar los recursos y para entonces sólo se habían canalizado 402 millones, del total prometido de 1,400 millones de dólares, de acuerdo con el Servicio de Investigación del Congreso estadounidense (CRS por sus siglas en inglés)
La causa de este lento flujo de la ayuda no está muy clara, pero el fondo parece ser el debate en el Congreso estadounidense en torno a dudas de que el dinero de la IM pudiera beneficiar a agencias policiacas mexicanas que puedan tener un récord negativo en materia de derechos humanos –hay leyes estadounidenses que prohiben otorgar dinero a corporaciones sospechosas de violentar garantías individuales–. Asimismo, el gobierno y el Congreso estadoundienses siguen estudiando la forma en que deben ser gastados los recursos para México. En conclusión, Washington no parece tener mucha prisa por canalizar la ayuda monetaria para la lucha contra el narcotráfico.

Eso es lo que ha obtenido México de su sociedad con Estados Unidos en materia de combate al crimen organizado: 402 millones de dólares–en especie–, más la promesa de aproximadamente 1 mil millones de dólares más, en un tiempo por venir. Pues bien, ¿qué ha obtenido Estados Unidos a cambio de esa “inversión” y de sus sociedad con México?

 ‘COMO ELIOT NESS’
La realidad es que el gobierno mexicano no requeriría como prioritaria la ayuda estadounidense para realizar operativos contra las bandas organizadas en su territorio. O al menos no, en vista del gasto sin precedentes que en materia de seguridad ha ejercido el estado mexicano desde 2007. Tan solo para el año que corre, 2011, el presupuesto programado para el rubro de seguridad pública es de casi 10 mil millones de dólares.
Ha sido el estado mexicano –es decir los contribuyentes mexicanos– quien ha financiado casi al completo las acciones que se han llevado a cabo contra el crimen organizado.

En enero de 2009, el nuevo presidente estadounidense, Barack Obama, subió al poder y en lo que respecta a México, anunció que continuaría la política de cooperación en el tema de seguridad, iniciada por Bush, incluida la continuación del prometido plan Mérida.

Pocos meses después de haberse convertido en mandatario, un día de marzo de 2009, Obama elogió públicamente, en un programa de Tv, la lucha del presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado y la comparó con la lucha del famoso Eliot Ness, aquel agente federal que en los años 20 luchó en Chicago contra la mafia del tráfico clandestino de alcohol de Al Capone. El detalle de Obama llamó poderosamente la atención en la prensa mexicana. Algunos caricaturistas y articulistas hicieron escarnio de la comparación, representando a Calderón con chaleco, tirantes, sombrero de los años 20, y portando una metralleta, un look propio de la serie “Los Intocables”.

Al mismo presidente Calderon la comparación no parece haberle hecho mucha gracia, pues cuando un grupo de reporteros le pidió su opinión al respecto, el mandatario simplemente guardó silencio con seriedad. Esta comparación hecha por Obama pareciera una anécdota trivial, un tanto cómica y quizá desafortunada pero vale la pena analizarla un poco: para un estadounidense –y aún más, para un estadounidense de Chicago como lo es Obama– Eliot Ness es un auténtico heroe popular, una figura histórica que es considerada arquetipo del policía idealista, incorruptible, con una moralidad a toda prueba, aunque un tanto trágico, si tomamos en cuenta que su lucha contra la prohibición alcohólica tuvo irónicamente poca repercusión al terminarse la prohibición.

Así que en realidad el comentario de Obama no llevó malicia alguna ni fue desconsiderado, muy seguramente, desde el punto de vista del pueblo estadounidense, fue un profundo halago. Y es que los estadounidenses parecen tener razones para elogiar a México, a Calderón y su esfuerzo contra el crimen.

SATISFACCIÓN ESTADOUNIDENSE

 No solo Obama, sino todo su gobierno en Washington, y la sociedad estadounidense en general, tienen motivos para estar a gusto con el esfuerzo mexicano contra las organizaciones criminales. Aunque del lado mexicano, existen dudas de que el gobierno de Felipe Calderón esté ganando la “guerra” contra las bandas criminales, en medio del esfuerzo mexicano ha ocurrido un fenómeno que es de llamar la atención, con respecto a las ciudades estadounidenses en la frontera con México.

En la actualidad, y según las últimas estadísticas generadas en 2010, los indicadores arrojaban que las ciudades de Estados Unidos en las fronteras con México eran las más seguras de ese país, “y se ponen cada vez más seguras“, como reza una frase en un artículo periodístico de 2010 al respecto.

Un reporte del FBI (Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos) de 2010 arrojaba que entre las ciudades con menos indicadores de crimen y violencia en sus calles se encontraban San Diego, California y El Paso, Texas. Justamente ciudades que se encuentran frente a  localidades mexicanas muy violentas. San Diego frente a Tijuana; y El Paso frente a Ciudad Juárez. Esta última se ha convertido tristemente en el símbolo de la violencia más encarnizada en los últimos años en México.

Este fenómeno de extremos, de ciudades violentas que se encuentran junto a ciudades que son ejemplo de seguridad no ha sido suficientemente estudiado, ni por supuesto explicado. Más aun porque tanto unas como otras ciudades forman parte por igual del mercado de tráfico y consumo de drogas ilegales. Es decir, tanto Ciudad Juárez como El Paso son puntos de entrada y tránsito de drogas ilegales hacia el gran mercado que es Estados Unidos, y ellas mismas forman parte del mercado de consumo. Pero el resultado es: una sociedad convulsionada por hechos de violencia constantes, y otra con paz social y un entorno urbano óptimo para sus habitantes.

A pesar de ello, la opinión pública estadounidense sí ve con inquietud la violencia que está ocurriendo en México a propósito de la lucha contra bandas organizadas. Nunca antes en la historia de la guerra contra el narco, un episodio tan cruento había tenido lugar en las inmediaciones de los Estados Unidos. En décadas anteriores, la lucha que Washington ha apoyado y patrocinado contra los cárteles de la droga se había dado en las selva amazónica colombiana, o en las laderas de los Andes en Bolivia y Perú. Pero hoy, la violencia está ocurriendo “en el patio de enfrente” de los estadounidenses, a pesar de la relativa paz social de la que gozan, en comparación con gran parte de México

SOLDADOS ANTIDROGAS
La polémica del uso del ejército mexicano para hacer cumplir leyes dirigidas a civiles ha acompañado el esfuerzo contra el crimen organizado desde diciembre de 2006.

El gobierno federal ha admitido que se han desplegado alrededor de 50,000 soldados  en operativos contra las bandas del narcotráfico. Se trata quizá de una tercera o cuarta parte del total de efectivos con que cuentan las fuerzas armadas mexicanas –la Sedena no ofrece información detallada sobre su personal activo, sin embargo, en el presupuesto de Egresos 2011 se mencionan alrededor de 250,000 plazas, entre personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina—.

Desde el inicio del sexenio, el gobierno federal admitió que existía un grave problema de deserción en el Ejército mexicano. Cientos, quizá miles de soldados desertaban cada año y era muy probable que parte de estos efectivos estuvieran pasándose a trabajar para los cárteles de la droga.

Recientemente, en julio de 2011, la Sedena admitió que desde 2006 habían desertado 40,391 soldados, y que el ejército trataba de contrarrestar esto con un gran esfuerzo para reclutar jóvenes campesinos y de las clases bajas urbanas, ofreciéndoles una carrera militar. Según la Sedena, en el mismo periodo había logrado reclutar a 80 mil 808 elementos, en su mayoría soldados rasos.

A pesar de estos problemas del ejército, existe un consenso general de que esa institución es una de las más confiables del país, al menos en comparación con las policías. El gobierno de Felipe Calderón aseguró desde el principio que el uso de las fuerzas armadas era un recurso temporal que estaba justificado en el hecho de que la actividad del crimen organizado se había vuelto un asunto de seguridad nacional.

Según este razonamiento, las mismas policías mexicanas –quienes son a las que legalmente correspondería luchar contra el crimen civil– han sido infiltradas y corrompidas por los grupos delictivos, por lo que una de las promesas del actual gobierno es que se realizará una restructuración de las policías federales, estatales y municipales, de forma que una vez modernizadas –lo cual podría llevar varios años más–, se permitiría al Ejército regresar a sus cuarteles.

La Policía Federal se ha ido convirtiendo en una policía moderna, parecida a la que necesita un país como México, sin embargo, en México existen un total de 3,000 corporaciones policiacas, entre estatales y municipales, la mayoría de las cuales tienen agentes mal pagados y mal equipados. Estas corporaciones contienen alrededor de 400,000 agentes de policía, muchos de los cuales, no se ganan la vida sólo con sus magros sueldos policiacos, sino que realizan un doble trabajo, ofreciéndole un servicio que es clave para los capos del narcotráfico.

EL PODER DEL NARCOTRÁFICO
La delincuencia organizada en México no se limita al narcotráfico. El robo de autos y otras propiedades, secuestro, extorsión y trata de personas son quizá delitos que más preocupan a la gente, pero la venta trasnacional de drogas es el mejor negocio para las bandas organizadas. Son las ganancias de la venta de droga en el mercado local y en el internacional, las que posibilitan a las mafias tener un poder de armamento y organización que rebasa en muchos casos el de las corporaciones de Policía.
Después de que a partir del año 2000 los grandes cárteles colombianos se fragmentaron en organizaciones más pequeñas, éstas se asociaron con traficantes mexicanos, que hoy son la fuerza dominante de gran parte del mercado de la droga en el continente americano.

Hoy en día, los cárteles mexicanos controlan el mercado de venta al mayoreo de cocaína en Estados Unidos –y un mercado de consumo que crece rápidamente en México–; además de la producción y exportación mexicana de marihuana y opio.

Más aun, los cárteles mexicanos controlan un buen segmento del mercado de precursores químicos para la fabricación de las llamadas “drogas sintéticas”, como las metanfetaminas y el éxtasis. Estos químicos son enviados desde el Oriente de Asia a los puertos mexicanos del Pacífico, desde donde se envían al interior del país para la fabricación de las drogas, o bien se venden a fabricantes en Estados Unidos, país que en sí mismo se ha convertido en un gran productor de metánfetaminas.
Nunca antes los cárteles mexicanos habían tenido en sus manos un negocio de tal magnitud, y por lo tanto nunca habían tenido tanto poder económico.
OUTSOURCING PARA EL NARCO
Usualmente, en México se habla de los cárteles del narcotráfico “corrompen” a agentes,  mandos policiacos y militares y a funcionarios del gobierno. Se habla también de que es necesario erradicar esta “corrupción”.
El problema es que dicha “corrupción” no es sólo un problema moral, sino que se trata de un fenómeno económico, que consiste en que los cárteles mexicanos invierten buenas cantidades de dinero en comprar un servicio a los funcionarios del gobierno –desde agentes de policía hasta funcionarios de gran nivel–.
Este servicio constituye una verdadera industria paralela al tráfico de drogas. Para usar un término moderno y de moda, se trata de un outsourcing irregular e ilegal, que consiste en que el narco “compra” a agentes de policía, mandos medios, Y altos. El experto en seguridad Edgardo Buscaglia va más allá y dice que los pagos del narcotráfico lleguan “al más alto nivel”, hasta “”diputados, senadores y miembros del mismo gabinete del presidente”.
El servicio que “contratan” los narcotraficantes a los funcionarios públicos es el de la protección. La protección al crimen organizado parece ser una industria en sí misma, en la cual, funcionarios de diversos niveles ofrecen información a los cárteles sobre los movimientos de las fuerzas del orden, o bien ofrecen mirar hacia otro lado y se abstienen de poner obstáculos al movimiento de la droga ilegal, y en algunos casos de otros delitos como el secuestro y el tráfico de personas.

Una de las promesas del presidente Calderón en su esfuerzo contra el crimen organizado ha sido  reducir o acabar con el que agentes del orden vendan su protección a las mafias, algo que en México simplemente se conoce como la “corrupción” de los agentes del gobierno.

Sin embargo, el presidente y su equipo se ha tenido que estrellar de frente con una dura realidad: una cosa es saber que existe la venta de protección a las mafias, y otra cosa diferente y  complicada es probarla y castigarla en forma justa.

MICHOACANAZO
En el afán de limpiar a las corporaciones policiacas, a las instituciones de justicia, incluido al Poder Judicial, el gobierno actual ha detenido desde 2006 a cientos de funcionarios desde policías municipales, estatales, federales, mandos medios policiacos, del ejército, delegados, inspectores, subprocuradores, etcétera. En su mayoría los detenidos han sido mandos bajos y medios de diferentes corporaciones e instituciones. La mayor parte de estas personas aún enfrentan largos juicios y pocos son quienes han sido hallados culpables y sentenciados.

Pero de todos, el caso más célebre de funcionarios públicos detenidos por colaborar con el crimen organizado fue el arresto a partir de mayo de 2009, de 35 funcionarios del estado de Michoacán, entre ellos 10 presidentes municipales, algunos ex alcaldes, asesores del gobernador de Michoacán, entre otros funcionarios y un juez del fuero común.

La mayor atención la concentraban los 10 alcaldes. Era la primera vez que tal cantidad de funcionarios constitucionalmente electos eran detenidos por nexos con el narcotráfico. El gobierno federal dijo entonces que la investigación que condujo a estas detenciones llevaba seis meses desarrollándose, y que partía de acusaciones y pruebas aportadas por miembros del cartel de La Familia que habían sido detenidos previamente.

Los operativos policiaco-militares habían comenzado en Michoacán, aquel 11 de diciembre de 2006 y era también en Michoacán, donde se daba un fuerte golpe a la corrupción imbricada en las instituciones del estado. La prensa rápidamente bautizó a esta operación y toda la secuela de información que generó con el nombre de “El Michoacanazo”.

Los funcionarios fueron internados en reclusorios y se les comenzaron juicios por delincuencia organizada y otros delitos graves.

Pues bien, un año y cuatro meses después, para septiembre de 2010, 34 de los 35 detenidos quedaban libres porque el juez consideró que no había pruebas suficientes para considerarlos culpables de delitos de narcotráfico.

El presidente, a través de la PGR, apeló las decisiones del juez, pero éstas se sostuvieron. Felipe Calderón expresó publicamente su desacuerdo con la decisión del juzgador de desvirtuar las pruebas que su fiscalía había presentado contra los sospechosos.

El último de los acusados, Armando Medina, ex alcalde del municipio de Múgica fue liberado en abril del 2011, tras ser considerado inocente. Todos los acusados habían tenido que vivir el estigma de ser calificados como “los narcofuncionarios de Michoacán”, por la prensa. Pero habían sido encontrado inocentes, mientras el narcotráfico en Michoacán continúa operando con la misma violencia, que ya dura años.

LAS VÍCTIMAS / BAJAS DE LA ‘GUERRA’
En agosto de 2010, después de tres años y medio de comenzados los operativos policiaco- militares, el gobierno federal daba a conocer por primera vez una cifra oficial de personas muertas por homicidios del crimen organizado y por enfrentamientos entre las mafias y las fuerzas policiacas y militares.
El número aportado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN, dependiente de la Secretaría de Gobernación) era en agosto de 2010 de 28,000 personas fallecidas.

Era una cifra que representaba un promedio de 21 muertos diarios por causas violentas relacionadas a la violencia del narcotráfico, desde diciembre de 2006.

Después, el 12 de enero de 2011, el propio gobierno federal actualizó el número a 34,612 personas muertas en poco más de cuatro años de sexenio, con lo que el promedio diario subía a 23.1 personas, o sea casi un muerto por cada hora transcurrida desde el último mes de 2006.

Esos 34,612 fallecidos es la última cifra oficial que ha aportado el gobierno. Para julio de 2011, la mayoría de los medios de comunicación se atreven a aventurar cifras que van desde 40,000 a 50,000 muertos por la violencia del crimen organizado.

De acuerdo con el propio gobierno, en el sexenio, para julio de 2011 han muerto en cumplimiento del deber en la lucha contra el crimen organizado “2,886 agentes del orden, entre militares, marinos, policías y hasta agentes del   Cisen“.

Aunque el gobierno no lo ha mencionado, se infiere que del total de muertos hay un número no especificado de personas “inocentes”, es decir, que han fallecido accidentalmente, por el fuego cruzado en los enfrentamientos, por la brutalidad de los narcotraficantes o incluso por el abuso de algunos elementos del ejército y de la policía federal.

Aparte de los policías y las víctimas inocentes, se sigue que la gran mayoría de los fallecidos son personas relacionadas de una forma u otra con el crimen organizado y que por lo tanto han sido “abatidos” en enfrentamientos con las autoridades o en vendettas entre mafias.

Lejos de aminorarse con el paso de tiempo, las cifras de personas muertas en hechos violentos relacionados con el crimen organizado han crecido año con año hasta mediados de 2011.

Aparte de las menciones de los medios periodísticos, ha habido académicos que han analizado las cifras de fallecimientos.

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS CIFRAS?
No puede ser una exageración decir que el número de muertos causados por la violencia ligada al narcotráfico ha sido el aspecto más doloroso de la guerra, o lucha contra el crimen organizado que ha llevado a cabo el actual gobierno federal.

Más allá de las emociones que brotan al escuchar una cifra alta de muertos ¿Qué significan las cifras? ¿Qué implica un número de decenas de miles de muertos en 5 años en un país de 112  millones de habitantes? Aquí es donde entrar los académicos, en especial los sociologos, expertos en ciencia política con formación en manejo de estadísticas.

En este periodo de tiempo, de diciembre de 2006 a la fecha los estudios académicos sobre este problema no son abundantes, pero sí ha habido algunos que son de llamar la atención.

Uno de los más célebres y comentados fue publicado a mediados de 2009, es decir, un año antes de que el gobierno diera a conocer la primera cifra oficial, de 28,000 muertos por la violencia del narcotráfico.

El estudio fue publicado por el Colegio de México y realizado por el sociólogo y profesor de esa institución Fernando Escalante Gonzalbo. Llevaba el título de “El Homicidio en México entre 1990 y 2007. Aproximación estadística”. En términos generales Escalante Gonzalbo había encontrado, a través del análisis de las estadísticas arrojadas por las actas de defunción levantadas por autoridades judiciales y recogidas por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) que la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes había disminuido en México de 1990 al año 2007.

El mismo investigador calificaba de “desconcertante” comprobar que la tasa mencionaba hubiera disminuido de un máximo de 19 homicidios por cada 100 mil habitantes en 1992, a un mínimo de 8 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2007, es decir, en el primer año del gobierno de Felipe Calderón.

Aunque había zonas de México más violentas que otras, el índice de homicidios de 2007 ubicaba a México muy por debajo de los niveles de violencia de países como Colombia y Venezuela. El estudio de las estadísticas arrojaba en el periodo estudiado, según Escalante Gonzalbo, que el índice de muertes violentas en México era mucho más parecido al de Estados Unidos, que al de países mucho más violentos, como Colombia, aunque aún lejos de países mucho menos violentos como los de Europa occidental o Chile y Argentina.

Un artículo en la revista Nexos, donde Escalante Gonzalbo exponía los resultados de su investigación, se puede consultar aquí. Este estudio fue ampliamento comentado por articulistas y columnistas en la prensa mexicana y por comentaristas en la televisión. La mayoría llamaban la atención sobre el hecho de que el estudio relejaba que una cosa era la violencia retratada y magnificada en los medios de comunicación, descabezados y muertos por enfrentamientos, y otra cosa muy diferente era  la verdad estadística, que indicaba que México era un país con un nivel moderado de violencia.

En cierta medida, los resultados estadísticos arrojados por Escalante Gonzalbo parecían tranqulizadores. “No estamos tan mal, después de todo. México no es tan violento como nos imaginábamos”, parecía ser el mensaje general como consecuencia de la difusión del estudio.

Después de difundido este primer artículo a mediados de 2009, Escalante Gonzalbo, publicó en la revista Nexos un seguimiento del tema, en enero de 2011. Esta vez, el investigador del Colegio de México tomaba en cuenta en su estudio las estadísticas de homicidios de los años de 2008 y 2009.

Los resultados de este nuevo estudio de Escalante eran aun más desconcertantes que los del primero, pero sin duda esperables: a partir de 2007, el índice de homicidios por cada 100,000 habitantes se había disparado abruptamente en la totalidad del territorio mexicano, “por encima de toda lógica social y toda tendencia estadística previa”, concluía el investigador.

Más aun, el profesor del Colegio de México sostenía que era estadísticamente comprobable que el súbito y pronunciado aumento de homicidos en 2008-2009 había sido especialmente fuerte en los lugares donde el gobierno federal había decidido realizar los operativos policiaco-militares contra el narcotráfico.

Aunque lo expresado en el párrafo anterior podría ser de sentido común, para cualquiera que lee los periódicos, se trataba de algo de gran valor que un estudio académico sostuviera una afirmación así con cifras y datos.

La actualidad, detalle y profusión de gráficas y datos, hacen muy recomendable la lectura atenta del artículo de Escalante Gonzalbo, titulado “Homicidios 2008-2009: la muerte tiene permiso”, y que puede consultarse aquí.

A diferencia del primer artículo, este segundo ya no fue tan comentado en otros medios, ni en los canales de televisión. El estudio fue recibido, para quienes tuvieron acceso a él, en general con escepticismo, con cuestionamientos sobre su metodología– y azoro.

El valor de los estudios académicos es que sin son suficientemente serios, otros expertos pueden criticarlos, evaluarlos, y en su caso refutarlos o comprobarlos. En este caso, José Merino, experto en ciencia política y profesor del ITAM, escribió artículos criticando la que considerada una apresurada conclusión de Escalante Gonzalbo al establecer una relación directa entre el aumento del índice de homicidios y el momento y lugares donde el gobierno federal realizó los operativos policiaco-militares.

Meses después de esas primeras críticas que realizó al artículo de Escalante, José Merino publicó en junio de 2011–también en la revista Nexos– su propio estudio, ampliando las fuentes de datos y variando la metodología estadística. Merido se declara él mismo sorprendido de confirmar la conclusión a la que había llegado Escalante. Tres bases de datos diferentes disponibles sobre los homicidios ocurridos en México entre 2008 y 2009 arrojaban una relación clara entre el incremento pronunciado de estos delitos y los lugares y los tiempos en que el gobierno federal había lanzado los operativos policiaco militares.

Nuevamente, se recomienda altamente la lectura del artículo de José Merino. Leer aquí 

La difusión de ambos estudios el de Escalante y el de Merino, coincidió con un tiempo –los primeros meses de 2011– en que un grupo de medios de comunicación, incluidas las dos televisoras de cobertura nacionales, Televisa y TVAzteca, estaciones de radio y varios periódicos acordaban limitar sus coberturas de los hechos violentos.
MENOS MUERTOS… EN LAS PANTALLAS
Desde el comienzo de los operativos policiaco-militares en diciembre de 2006, los medios de comunicación en general realizaron una amplia cobertura de los  hechos violentos y significativos.
Las coberturas informativas abarcaban las acciones mismas del gobierno, los resultados obtenidos como decomisos y captura de presuntos culpables, hasta las acciones perpetradas por los narcotraficantes, como asesinatos, ejecuciones múltiples, o atentados, como los ocurridos con granadas en la plaza principal de Morelia, el 15 de septiembre de 2008.
La cobertura de la violencia, ha generado desde siempre un gran éxito de audiencia para televisoras, estaciones de radio, revistas y periódicos. No sólo porque la violencia en sí muy llamativa para cualquier público, sino porque se trata de hechos que en muchos casos tocan de cerca la vida de las personas: una balacera o un operativo contra narcotraficantes podría suceder cerca de la casa del espectador, o bien, una persona conocida podría haber sido víctima de secuestro. Era claro que la violencia estaba acercándose cada vez más al común de las personas y estas querían estar enteradas de lo que ocurría.

En particular, las dos televisoras nacionales, Televisa y TVAzteca hacían una cobertura más o menos amplia de los hechos cruentos, con muy buenos resultados de rating

Uno de los climax informativos y de audiencia ocurrió después de que el 30 de agosto de 2010, la policía federal capturara a Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, quien presuntamente paso a ser el capo del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, desde que el patriarca de esa organización fuera asesinado en diciembre de 2009, por infantes de la Marina.

A pesar de no ser un narcotraficante  que estuviera por encima de todos los demás en poder, su apostura física, su forma de vestir a la moda, lo ridículo de su apodo, y la actitud bonachona que mostraba ante las cámaras al ser presentado por las autoridades ante los medios de comunicación, llamaron de inmediato la atención de la audiencia en televisión y prensa.

Tras la captura de “La Barbie”, durante varios días, las televisoras nacionales obtuvieron y transmitieron en entregas diarias, los videos de los interrogatorios que la PGR –a través de una sensual voz femenina– hizo a “La Barbie”. La forma libre, sencilla y abierta en que el presunto narcotraficante describía su vida cotidiana y detalles de su trabajo, fueron un éxito de rating para las televisoras mexicanas.

Medio año después, el 18 de enero de 2011, la Policía Federal capturaba a Jorge Balderas Garza, alias el “JJ”, acusado de haber atentado contra el futbolista Salvador Cabañas, junto con otro cómplice. Balderas Garza resultó ser un socio de “La Barbie” en la venta de drogas, y nuevamente el tema concentró gran atención del público a través de la televisión. “El JJ” también era físicamente bien parecido y al ser capturado vestía el mismo tipo de playera que “La Barbie” había puesto de moda.

Tanto Televisa como TVAzteca consiguieron la anuencia de la PGR para transmitir sendas entrevistas exclusivas, con “el narcotraficante de moda”.

El propio gobierno federal alentaba la cobertura noticiosa de lo que consideraba éxitos en la guerra contra el crimen organizado: decomisos de droga, detenciones de sospechosos. Sobre estos últimos, el gobierno federal ha tenido la costumbre de presentarlos ante los medios de comunicación, inmediatamente después de haber sido capturados, con lo cual, según han externado diversos juristas y las comisiones de Derechos Humanos, podría estarse violando el principio de la presunción de inocencia.

Sin embargo, el presidente Felipe Calderón externó en diversas ocasiones su desacuerdo con que los medios, al informar sobre acciones violentas perpetradas por los narcotraficantes, pudieran, inadvertida e involuntariamente, estar sirviendo como propaganda para las acciones de las mafias.

Poco más de cuatro años después del comienzo de la “guerra” contra el narco, por fin los algunos medios decidían ponerse a sí mismos ciertos límites en su cobertura de los hechos violentos.
El 24 de marzo de 2011, un total de 715 medios de comunicación –incluidas las 2 televisoras nacionales, las principales estaciones de radio comerciales y periódicos de circulación nacional como El Universal y Milenio– firmaron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia.

De la firma de este acuerdo se abstuvieron medios escritos de circulación nacional como los diarios La Jornada, los de Grupo Reforma, la revista Proceso y medios importantes a escala regional como El Diario de Juárez, El Diario de Yucatán o Tabasco Hoy y otros.

El Acuerdo era una lista de principios que, según se asegura en el mismo, estaba inspirado en documentos similares firmados por medios en otras “democracias” que enfrentan hechos de violencia perpetrados por grupos que usan “tácticas terroristas”.

El texto del acuerdo se puede consultar aquí.

Entre los puntos del Acuerdo para la Cobertura… destacan:
-Ponerse explícitamente del lado del gobierno en la lucha contra los criminales
-Evitar “convertirse involuntariamente” en voceros de los narcotraficantes al evitar difundir acciones que tengan fin propagandístico, y evitar el lenguaje y la jerga empleada por los delincuentes.
-No prejuzgar culpabilidades. Los medios deben respetar en todo momento el principio de presunción de inocencia.
-Cuidar a las víctimas y a los menores de edad.
-Proteger a los periodistas. Cada medio debe instituir protocolos y medidas de seguridad para sus colaboradores.
-Solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios.
-No interferir en el combate a la delincuencia. No difundir información “que ponga en riesgo la viabilidad de las acciones y los operativos contra el crimen organizado o que comprometa la vida de quienes combaten a la delincuencia (…)”.
En términos generales, se trata de una lista de lineamientos éticos que la mayoría de medios de comunicación serios, en diversos grados, suelen tomar en cuenta a la hora de guiar su labor informativa. Aunque usualmente, cada medios en particular se reserva la tarea de regular su propia labor éxica.

La interpretación del Acuerdo y sus posibles consecuencias dividió a la opinión pública independiente. Algunos aseguraban que fomentaría la autocensura de los medios participantes y que atentaría contra el derecho a la información de la audiencia. Algunos otros analistas pensaban que se trataba de un ejercicio positivo.

Haya sido como haya sido, el resultado a partir de la firma del Acuerdo, ha devenido en que los hechos violentos han perdido protagonismo en las coberturas informativas en las televisoras nacionales, en la mayoría de las estaciones de radio comerciales, y los medios de prensa firmantes del acuerdo. Aunque los medios mencionados han seguido cubriendo hechos que por su notoriedad sería imposible que periodistas profesionales ignoraran, la cobertura ha quedado “diluida” o detrás de otros temas noticiosos.

Un ejemplo es la masacre de por lo menos 183 personas en la localidad de San Fernando, Tamaulipas, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, ocurrida después de la firma del Acuerdo. Los cuerpos fueron descubiertos en fosas clandestinas a partir de los primeros días de abril de 2011. Al mes siguiente, durante el mes de mayo, fueron hallados 218 cadáveres en diversas fosas clandestinas en el estado de Durango.

Si hecho similares hubiera ocurrido en otro país, si en Francia, España, o Estados Unidos se hubiera encontrado centenares de ciudadanos enterrados en fosas, la conmoción social, la presión hacia las autoridades para aclarar el hecho hubieran sido mayúsculos, y la cobertura por radio y televisión hubiera reflejado la magnitud del hecho. Pero en México, con el nuevo Acuerdo la cobertura de esos crímenes, en varios medios de comunicación, incluidas las televisoras nacionales, quedó diluida, en un lugar secundario, detrás de otras informaciones que se consideraron más relevantes, quizá porque se consideró que su difusión en primer lugar serviría de propaganda a las acciones del narcotráfico.

Fuera de los puntos de vista y diferencias sobre la táctica y resultado, esta es una excelente investigación de Jorge Eduardo Jímenez.

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