El encarnizamiento del estado en contra de las mujeres: leyes antiabortivas.

Posted on 2 octubre, 2011

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La discusión del aborto no es nueva… y en la búsqueda de defender los derechos de unos, se violan los de otros.

No se trata de llegar a conclusiones absolutistas. Se trata de encontrar un punto donde se respete tanto la vida del no nacido como el de la mujer y su cuerpo.

Esta fué la discusión de Carmen Aristegui con Miguel Carbonell hablan sobre la discusión de los ministros y la intromisión de Calderón, un secretario panista y la esposa de Calderón al debate.

Publicado en Youtube el 28 de septiebre del 2011:

Lamentablente, el resultado de la discusión es el siguiente, publicado en Noticias de Prensa Latina:

a desestimación en la suprema corte de justicia de México, de la demanda contra las reformas antiabortivas de Baja California, aleja hoy las aspiraciones de muchos de legalizar la interrupción del embarazo en todo el territorio nacional.

Tal decisión cancela la posibilidad de una despenalización del aborto en ese estado, y en otros 18 del país, donde las mujeres hasta pueden ir a la cárcel si deciden interrumpir un embarazo.

Ese acto es sancionado en Guanajuato, Baja California, San Luis Potosí, Chihuahua, Sonora, Morelos, Colima, Puebla, Jalisco, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Querétaro, Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas.

Solo en la Ciudad de México, desde el 2007, se legalizó, pero dentro de las primeras 12 semanas de gestación.

El nuevo proyecto no obtuvo los ocho votos requeridos para invalidar el artículo de la Carta Magna bajacaliforniana, en el que se garantiza el derecho a la vida desde la concepción, reforma aprobada en el 2008.

De acuerdo con los demandantes, la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California y el magistrado José Fernando Franco González-Salas, esa norma distorsiona y extralimita las funciones de un legislativo local.

También desconoce el alcance de las leyes nacionales, pues los congresos estaduales no están facultados para legislar sobre los ámbitos correspondientes al orden federal, el cual solo decide la ampliación o reducción de cada derecho ciudadano fundamental.

El cardenal Norberto Rivera aplaudió la firmeza argumentativa de los ministros que se pronunciaron en contra del proyecto de sentencia, promovido por el magistrado Fernando Franco.

Asimismo expresaron su beneplácito la arquidiócesis de México y la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas.

No obstante, en México no resultan pocos quienes apoyan un cambio radical de esas normas, las cuales consideran oscurantistas, peligrosas, opresivas y violatorias de derechos fundamentales.

Tras el reciente dictamen, se escuchó la protesta de agrupaciones femeninas integradas al Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, quienes partieron hasta el Zócalo del Distrito Federal para demostrar su desacuerdo.

Allí demandaron que todas las mujeres de México, no solo las de la capital, tengan acceso a la interrupción del embarazo en forma legal y segura, además de la maternidad libre y voluntaria, y la liberación de las presas por abortar.

Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, afirma que la declaración de validez de las reformas antiabortistas no frenará su lucha por alcanzar ese derecho.

José Narro, rector de la Universidad Autónoma de México, reiteró su convencimiento de que los derechos reproductivos de las mujeres y de la pareja tienen que ser absolutamente respetados.

El sacerdote Alejandro Solalinde, director del Albergue Hermanos en el Camino, para quien es necesario respetar todos los procesos de la vida, igualmente defendió el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.

Varios políticos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) se sumaron a la crítica de la decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia mexicana, de mantener la reforma antiabortiva en Baja California.

En cambio, el gobernante Partido Acción Nacional (PAN) celebró que haya prevalecido el criterio de reconocer al no nacido como un ser humano, titular de derechos independientes de los de la madre.

El senador priísta Pedro Joaquín Coldwell, el senador del PT Ricardo Monreal y el dirigente nacional del PRD Jesús Zambrano, condenaron además la actitud del presidente panista Felipe Calderón, de presionar al Poder Judicial para lograr ese fallo.

Arturo Zalívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia mexicana, en contra de las leyes antiabortivas, considera que la protección legal de la vida, desde el momento de la concepción, implica cambiar la lógica penal de todo el mundo.

Para el magistrado, esa legislación atropella el derecho que tienen las mujeres del control sobre su cuerpo, fecundidad y maternidad.

Ese ejercicio solo debe depender de la capacidad de decisión de las involucradas, lo cual está reconocido en la Constitución mexicana, abunda Zalívar.

Tampoco son pocos los que consideran una irresponsabilidad mayúscula, en materia de salud pública, la prohibición del aborto en las legislaturas de los estados.

Más, por la insuficiente educación sexual, debido a la pobreza y marginación de gran parte de la población mexicana y la discriminación y presión que padecen las mujeres en el ejercicio de su sexualidad, sobre todo las de escasos recursos.

La nueva prohibición continúa colocando a gran cantidad de mujeres ante la perspectiva de practicarse abortos en condiciones clandestinas e insalubres.

Igualmente, afirma el ministro Zaldívar, se sigue facilitando la criminalización de la población femenina y un mayor encarnizamiento del Estado en contra de ellas.

Al respecto, en el programa de Carmen Aristegui se habla de lo siguiente:

La historia de la criminalización de la mujer por aborto. Estas son sus historias, publicada por la Ciudadanía Express el 1ero de octubre del 2011:

Los casos de las mujeres criminalizadas por aborto son semejantes, mencionó la activista, “en general, las acusadas de homicidio en razón de parentesco no se indujeron un aborto, algunas de ellas deseaban ser madres y otras no sabían que estaban embarazadas”.

La mayoría de estas mujeres son habitantes de zonas rurales, en situación de pobreza, sin acceso a la educación básica y a servicios de salud mínimos.

Ellas “acudieron a hospitales públicos porque tenían un dolor intenso, porque no sabían que hacer. Cuando llegaron a los servicios de salud las fueron denunciando”, detalló Verónica Cruz, con base en la información a la que Las Libres ha tenido acceso.

Otra coincidencia es que las mujeres no tuvieron oportunidad de defenderse legalmente, ya que carecían de recursos suficientes para pagar los servicios de un profesional. Los ministerios públicos “creyeron que ellas eran culpables por no ejercer la maternidad, como el mandato social lo establece para las mujeres”, apuntó la activista.

Y ejemplificó que en el caso de la guanajuatense Yolanda Martínez, ella “ni siquiera está segura de que estuvo embarazada y las autoridades ‘le plantaron’ dos fetos”.

Mientras que Alma Yareli Salazar, otra de las ocho mujeres liberadas el año pasado en Guanajuato, fue sentenciada por homicidio en razón de parentesco con base en un peritaje psicológico que aseguraba que la mujer interrumpió su embarazo “para ocultar su infidelidad”.

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