Un general crítica el papel de los militares en la guerra de Calderón.

Posted on 25 octubre, 2011

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En específico… el General Gallardo critica las medidas tomadas por Calderón y el papel del ejército en el país. Un general que pagó caro al escribir una tesis sugiriendo un ombusman del ejército.

Esta es su opinión sobre lo que se vive en México. Atención, esta es la opinión de alguien que conoce al ejército, que trabajó en el ejército y que fué premiado dentro del ejército y después premiado fuera de él por organizaciones de derechos humanos. Sin olvidar que tiene un doctorado en Administración Pública.

Este texto fué tomado de La Historia del Día, publicado el 23 de octubre del 2011:

José Francisco Gallardo, general brigadier y doctor en Administración Pública, afirma que en México “hay un colapso y una descomposición total de los sistemas de seguridad del Estado que provocan el aumento de la violencia contra los migrantes, el feminicidio, el juvenicidio, los asesinatos, ejecuciones, secuestros, etcétera.

“Al abusar del uso del Ejército en la guerra contra el narco, Felipe Calderón viola la Constitución y el Estado de derecho, provocando un trastrocamiento del orden jurídico e institucional del Estado. Esto tiene efectos colaterales y secundarios muy graves, como las violaciones a los derechos humanos y el irrespeto que ahora tiene el ejército de las recomendaciones que hacen instituciones civiles que vigilan su actuación”, señala el general.

Preso de noviembre de 1993 a febrero del 2002, a raíz de la publicación –en la revista Forum– de un extracto de su tesis de maestría titulada Las necesidades de un ombudsman militar en México, el general Gallardo fue liberado mediante una reducción de pena (oficialmente fue acusado de malversación de fondos, entre otros delitos) y no ha cesado en su interpelación al Estado por el uso indebido de las Fuerzas Armadas.

Cuando se dicta un estado de excepción como el que vivimos, advierte, “se define el presupuesto que se gastará, se supervisa el ejercicio del mando, se establece un mecanismo de rendición de cuentas y debe haber un proyecto de creación de policía nacional civil, no militar”.

Calderón, señala en una entrevista concedida a Desinformémonos en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, institución a la que también pertenece, “no debió lanzar la declaración de guerra porque la Corte Penal Internacional contempla que cuando un funcionario hace una declaratoria de guerra para aniquilar a un grupo específico (en este caso el grupo del narco) comete un crimen de lesa humanidad. Es por eso que ahora Calderón afirma que no declaró la guerra”.

“Vivimos una crisis institucional de seguridad, con un gobierno ilegítimo y esa es otra de las aristas por la cual Calderón declaró la guerra: para legitimarse en el poder”, señala Gallardo, y advierte que cuando un gobernador solicita la intervención de la fuerza federal en su estado, quiere decir que el sistema de seguridad pública estatal no funciona. Por lo tanto, “si solicita la intervención del Ejército o de la policía federal, el gobernador debe anexar su renuncia”.

Al hacer su declaratoria unilateral de guerra, explica, “Calderón no dictó un Estado de excepción (que permite que el poder civil utilice la fuerza armada en contra de la sociedad civil), ni consultó a todos los órdenes de gobierno como la Procuraduría General de la República, el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia, y se metió en un problema del cual ya no sabe cómo salir”.

El general afirma que “con el involucramiento de las fuerzas armadas del Estado en la lucha contra las drogas, Calderón provocó su debilitamiento y además su sometimiento a los mandos del Pentágono, a través de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de los Estado Unidos que firmó Vicente Fox, y de la Iniciativa Mérida que firmó Calderón”. Lo más grave, advierte, “es que el Ejército permite que agentes de seguridad del Estado de Estados Unidos operen en México, incluso armados, situación que se da desde 1994, con el levantamiento del Ejército Zapatista, donde hubo un asesoramiento directo del Pentágono a las fuerzas militares del Ejército mexicano.

En la doctrina de Seguridad Nacional, indica Gallardo, las fuerzas armadas de un país ubican a su enemigo dentro del espectro social. Entonces, se pregunta, ¿quiénes son los enemigos del Ejército? ¿la UNAM, los estudiantes, los indígenas, los sindicatos? Y luego, vuelve a preguntarse, si el Ejército está abocado al interior, ¿qué sucede con la defensa nacional?

Sobre la intervención de Estados Unidos en la actual guerra, el doctor de la UNAM señala que “las políticas impulsadas a través de los mecanismos de capacitación de las fuerzas militares de Estados Unidos hacia México, como las juntas de comandantes, homologación de leyes, capacitación a través de armamento, helicópteros, etcétera, todo inducido desde Estados Unidos para transformar al Ejército mexicano en una fuerza policiaca o en una fuerza de ocupación, pues, según los Estados Unidos, el único ejército que debe existir en el mundo es el suyo y más en su zona de influencia que es el continente americano. En este juego cayó el Ejército mexicano y esto es una parte del trasfondo de la guerra actual”.

Y cita un ejemplo: “La semana pasada el Secretario de la Marina declaró que no acepta la recomendación de la Comisión Interamericana porque se pone en riesgo la seguridad de la gente que él coordina, pero no está defendiendo a los marinos, sino a mercenarios, porque las órdenes se estuvieron pasando en inglés”.

La declaratoria de guerra de Calderón, insiste Francisco Gallardo, “la hizo unilateralmente y sin diagnóstico. Nunca hizo un análisis del objetivo de la guerra, porque desde mi punto de vista el objetivo principal era legitimarse en el poder”.

Y en esta fallida estrategia, remarca, “Calderón no toma en cuenta dos aspectos muy importantes: los flujos financieros del narcotráfico (aunque no sé cómo lo pueda investigar, si se dice que el PAN ha utilizado esos recursos para sus campañas) y, por otro lado, el asunto de la corrupción interna”.

Una situación de caos y violencia desbordada, en el que tantas personas han perdido la vida, “debería ser controlada por el Estado, pero ese Estado puede hacer únicamente lo que le está permitido en la Constitución. Es decir, no puede fusilar, ni aniquilar, ni detener, ni torturar, pues tiene todos los recursos para hacer justicia a través de los mecanismos institucionales. Todo eso ha sido violado por el Estado. Quienes más violan la Constitución son quienes deben de tutelarla”.

Es evidente, insiste el general, que “no se está atacando realmente al narco y la gente le respondió al Estado con mucha fuerza. Es decir, cuando el gobierno golpea a un cártel y lo fragmenta, las partes que quedan quieren tomar el control”.

Lo que viene, pronostica, es un estallido social. Y, de hecho, “ya lo hay en las diferentes entidades federativas, por ejemplo en Ciudad Juárez están en pie de guerra, como en Tamaulipas, en Chiapas y en muchos otros lugares y hay una inconformidad total contra las políticas económicas y de seguridad del gobierno”.

Gallardo explica que hay un trastrocamiento de los motivos por los cuales se fundó el Estado moderno: seguridad, territorio nacional, justicia y gobierno. En los cuatro el Estado mexicano está colapsado y esa debilidad la aprovecha Estados Unidos porque ellos sí tienen una visión estratégica de su desarrollo”.

En cuanto al incremento del feminicidio en los últimos años, señala que “en esta guerra y esta política de presencia militar, uno de los objetivos que tiene el Estado es la mujer, porque ella estructura el sistema logístico de la sociedad, incluso en una guerra, la mujer es la que provee. En una fuerza de guerrilla la mujer es importantísima y por eso son un objetivo militar”.

En un contexto de rompimiento de los sistemas de justicia, indica, “puede suceder lo que sea. Incluso, sobre el caso de los 40 migrantes desaparecidos, tengo información de que están coludidas las autoridades con los grupos criminales”.

Otro ejemplo: “No es posible que en una zona militarizada, donde hay cientos de policías, militares y marinos, sucedan crímenes como los de Villas de Salvárcar (en donde se asesinó a 16 jóvenes). La lectura que tengo es que los crímenes los está cometiendo el Estado, o por lo menos el Estado es cómplice de los criminales.”.

El general Gallardo reconoce las movilizaciones sociales en contra de la violencia, pero, insiste, “lo que más se vislumbra es el estallido social”.

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