Un criminal de guerra presidirá el G20: Felipe Calderón.

Posted on 15 noviembre, 2011

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Publicado en The Guardian el 10 de noviembre del 2011:

En lugar de ser seleccionado como presidente del G20, el presidente de México debería ser investigado por violaciones de derechos humanos

El G20 cometió un gran error al nombrar presidente para el 2012 a un posible criminal de guerra el cual está en medio de una intensa batalla electoral en su país. El presidente Felipe Calderón no empujará el mandato del G20 de “promover una discusión abierta y constructiva… en temas clave relacionados con la estabilidad económica mundial”. Su único interés será usar sus propósitos políticos en el fórum internacional. En un contexto de protestas generalizadas en contra de la administración financiera mundial, con Calderón a la cabeza, el G20 se expone a un mayor enojo popular.

Calderón ya convenció al G20 de mover su reunión del 2012 a Los Cabos, México, para que de esta manera se lleve a cabo unas semanas antes de las elecciones presidenciales del 1ero de julio. El presidente mexicano espera usar la presencia de líderes internacionales para levantar su baja credibilidad y superar las debilidades de su partido en las encuestas. Pero precisamente lo opuesto podría ser el caso, ya que un ambiente cargado políticamente en México podría crear nuevas protestas sociales en contra de los líderes mundiales.

Calderón está particularmente desesperado por obtener reconocimiento internacional porque el 25 de noviembre del 2011, un grupo de abogados, periodistas, activistas y académicos, liderados por el abogado Netzaí Sandoval, llevarán una petición formal ante la Corte Penal Internacional para investigar los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por parte de Calderón. La petición está dirigida en contra del presidente mexicano y otros oficiales de rango alto, así como los líderes de los cárteles de drogas, por negarse a seguir los protocolos básicos que deben mantenerse durante conflictos armados y al conducir asaltos sistemáticos en la población civil. La petición ha tenido hasta ahora un apoyo de 20,000 firmas en línea y más de 7,000 en papel.

Los últimos 5 años, Calderón ha presidido un baño de sangre de proporciones históricas, con más de 50,000 muertes violentas (incluyendo al menos 1,300 jóvenes y niños), 230,000 personas que abandonaron sus hogares y al menos 10,000 personas “desaparecidas”. Esta violencia no es el resultado normal de la depresión económica mundial o de la disputa entre cárteles de droga rivales, sino que indica la existencia de una completa crisis humanitaria. Sin duda, esta crisis es mucho mayor que aquellas en el Congo, Sudán, Kenya o Costa de marfil, todas ellas están bajo la investigación de la Corte Penal Internacional.

Calderón culpa a los cárteles de las drogas por esta situación, pero el también podría considerarse responsable. El aumento de la violencia coincide con su llegada al poder el 1ero de diciembre del 2006, y no hay signos de que el crímen organizado haya disminuído durante los últimos cinco años. Al contrario, el cultivo y el uso de drogas en México ha crecido dramáticamente, los grupos del crímen organizado ahora tienen más armas que nunca, el dinero es lavado libremente en el país y las tasas de impunidad han alcanzado un record histórico, mientras que la tasa de crímenes que reciben castigo es de un 5%. La idea de que Calderón ha conducido un “ataque frontal” en contra del crimen organizado es por lo tanto claramente falsa.

Existe una sospecha generalizada, de hecho, de la complicidad entre el gobierno federal mexicano y algunos de los cárteles, incluyendo a uno de los cárteles de las drogas más poderosos del país, el cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán. Esta hipótesis es apoyada por información de fuentes de noticias internacionales, como National Public Radio (NPR), y es un tema común en muchos reportes internacionales. Es difícil de explicar de que otra forma, en medio de una “guerra” contra las drogas, cómo es que Guzmán sigue escalando sistemáticamente las listas de la revista Forbes en cuanto a los ratings de poder y riqueza hasta llegar a la posición 55 como “la persona más poderosa” en el mundo en el 2011.

Sin tener en cuenta estas denuncias, es claro que los más de 40,000 soldados que ocupan hoy las calles en México bajo el comando de Calderón, no están dedicados solamente a mantener la paz. Los militares están entrenados para matar, y lo han hecho por cientos, sino miles de ocasiones durante los últimos 5 años mientras han servido a la “guerra contra las drogas”. Los asesinatos extrajudiciales se han vuelto un procedimiento estándar y los militares han sido reconocidos por mutilar los cuerpos de sus víctimas, en clara violación del estatuto de Roma. Muchos de los asesinatos ocurren en “defensa propia” en respuesta a actos criminales, pero una gran parte también ocurre por iniciativa de los militares.

Civiles inocentes son tomados como objetivo directo por los militares debido a su “comportamiento sospechoso”. En general, los abusos en derechos humanos y los ataques en contra de periodistas han escalado dramáticamente durante los últimos años. La ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México y docenas de ONGs locales han dado más y más reportes sobre la grave situación en México – y el papel particularmente preocupante de los militares.

En lugar de enfocarse en estos asuntos, Calderón los hace a un lado al decir que 90% de los muertos están supuestamente “ligados” al crimen organizado. La implicación es obvia: ellos merecían morir. Tan poco respeto por el imperio de la ley implica que el enfoque real de lucha contra la delincuencia en realidad puede ser una de “limpieza social”, en la que los elementos no deseados de la sociedad son instigados a matar unos a otros. La emergencia de un grupo paramilitar nuevo en el sur de México, el cual ha afirmado su alianza con los militares, pero ha jurado tomar la ley bajo sus propias manos al matar miembros  de los cárteles de las drogas rivales, puede indicar una consolidación de la estrategia.

En una visita reciente a México, el jefe fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, ha tratado de minimizar las denuncias contra Calderón al afirmar que la CPI no juzga “decisiones políticas” o “responsabilidad política”. Este pre juicio del caso por la persona responsable de cualquier investigación es irresponsable por decir lo menos, debido a que la petición aún no ha sido presentada. También es mal dirigida, ya que los denunciantes no planean acusar a Calderón en base a sus decisión políticas, sino por su responsabilidad directa como comandante de las fuerzas armadas en México.

Los mexicanos están cansados de vivir en una tierra de impunidad y han decidido empezar su lucha por la justicia desde arriba, llevando al más alto servidor público a dar cuentas. La CPI tendrá que investigar eventualmente y decidir en los méritos del caso. Mientras tanto, el G20 manda una señal de mal agüero al honrar a un hombre que ha presidido tanta carnicería y tanto desconocimiento de los derechos humanos en su país.

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